Privacidad en peligro

En su momento se habló de un “impacto a nivel nacional”. Y no era para menos: las imágenes captadas en el asilo de ancianos “Santa Teresita” de Melipilla estremecieron a los espectadores. Una vez más el equipo del programa “En su propia trampa” de Canal 13, se había anotado un éxito.

La Corte Suprema, sin embargo, no aplaudió. Peor aún: ordenó la destrucción del video a fin de impedir su eventual reproducción, incluso en Internet. Más allá de la calidad de la denuncia del equipo que lidera Emilio Sutherland, la justicia se basó en un hecho clave: las imágenes del asilo fueron captadas sin autorización. En otras palabras: frente a la intención periodística de poner en evidencia un abuso, primó el derecho a la privacidad. En este caso, tanto de la dueña del lugar como de los residentes.

No es raro que en otros casos similares no haya habido protestas. Pocas son las personas que se atreven a levantar la voz ante la avasalladora presencia de la TV. Pero la denunciada, la melipillana, Inés Arap, no vaciló en defenderse y ganó en segunda instancia. En la primera, la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó su recurso de protección.

Inés Arab reconoció que inicialmente autorizó a los periodistas de Canal 13 a ingresar al lugar, pero alegó que solo lo hizo porque estaban acompañados por parientes de los 44 residentes. Ellos alegaban que querían comprobar sus condiciones de vida. La dueña del hogar protestó, además, porque nunca tuvo la posibilidad de replicar a las acusaciones del periodista.

El caso llegó finalmente a la Corte Suprema, la cual acogió “el recurso de protección… disponiéndose que Canal 13 S.A. deberá abstenerse de difundir las imágenes captadas con fecha 25 de mayo de 2015 al interior del hogar de ancianos administrado por la recurrente Inés Juana del Carmen Arap Aiquel, tanto en sus señales televisivas como en su plataforma de internet”.

La resolución judicial implica un fuerte golpe a un estilo periodístico discutible pero exitoso: la denuncia que no acepta límites al trabajo periodístico. El desarrollo tecnológico permite, además, una creciente capacidad de invadir la privacidad de las personas.

No es el único caso.

Por los mismos días, el Consejo de Ética de los medios emitió una fuerte condena por lo ocurrido con el diputado Guillermo Ceroni cuyo celular fue grabado en plena sesión de la Cámara. El consejo –una entidad de autorregulación ética que solo emite sanciones morales- opinó que en este caso no hay “una justificación acerca del interés público comprometido”. Por ello, concluye, “se ha quebrantado seriamente la ética periodística”.

A. S.
Diciembre de 2015
Publicado en los diarios El Día de La Serena, El Centro de Talca, El Sur de Concepción y La Prensa Austral de Punta Arenas