Editorial:

Cupos en el avión presidencial

Santiago, 07 de Febrero de 2016

Los medios norteamericanos gastaron más de 18 millones de dólares en la cobertura de los viajes presidenciales, informó en 2010 la asociación de corresponsales de la Casa Blanca. “Los precios son exorbitantes”, se quejó David Westin, presidente de ABC News.

En los últimos años la prensa de Estados Unidos ha expresado la urgente necesidad de regular el gasto, pero no han logrado una fórmula satisfactoria. En abstracto, la ecuación parece simple: los gobiernos necesitan publicitar sus actuaciones y los periodistas requieren facilidades para hacerlo. La complicación surge cuando hay hechos que las autoridades prefieren mantener en reserva (el viaje a Temuco es un ejemplo) por las razones que sea y los medios consideran que su deber es preguntarlo y contarlo todo. Peor fue el fallido intento de seleccionar a dedo a quienes podían subir al avión presidencial.

La reacción unánime de periodistas y medios puso fin a tan insensato designio. Pero es evidente que la tentación sigue latente.

En regímenes democráticos hay una especial preocupación por facilitar el trabajo de los periodistas. Fuera del país esto implica proporcionar los medios de trasporte desde el recorrido del aeropuerto a las distintas actividades de la visita. Es el resultado de un razonamiento obvio: de no ser así, los periodistas difícilmente llegarían a tiempo a cualquier ceremonia y, además, podrían quedar atascados en los cordones de seguridad.

El problema es relativamente nuevo. Hasta mediados del siglo XX prácticamente no existía.

El Presidente Gabriel González Videla usaba “El Canela”, un DC-3 de la FACh. Los periodistas acreditados no eran muchos y cabían fácilmente. Más tarde se agregó otro DC-3 bautizado rápidamente como “el Calambrito”. Este último nombre se perpetuó, pese a la modernización de la flota.

En Estados Unidos el avión presidencial es el “Air Force One” y en Argentina, se usó el “Tango 1”.

El crecimiento de los medios –en tiempos de GGV los periodistas eran mayoritariamente de diarios-, y el aumento de la frecuencia y extensión de los viajes, plantearon situaciones inéditas.

A partir de 1990 cuando Chile recuperó la democracia, los viajes en el avión presidencial han sido pagados por el gobierno y los gastos de los periodistas son de cargo de los medios. Parece una solución realista, pero abre flancos.

Obviamente ello no ocurriría si los medios pagaran todos los gastos de sus periodistas, avión incluido. Pero, también es obvio, en Chile son pocos los medios que podrían solventar una exigencia de este tipo.

La relación con las autoridades presenta aristas complejas. Pero hay que reconocer que toda invitación puede generar algún tipo indeseable de compromiso.

Por ejemplo, antes de una eventual renovación de equipos de las Fuerzas Armadas, los fabricantes no escatiman esfuerzos para mostrar unilateralmente la excelencia de sus productos: aviones, tanques, armas cortas y largas, submarinos o naves de guerra. Lo mismo ocurre con quienes desean participar en negocios de grandes proporciones y que no escatiman en esfuerzos para lograr sus propósitos invitando periodistas a ferias internacionales o exhibiciones de alta tecnología.

¿Es aceptable? ¿Dónde está el límite ético?

Se comprende que las empresas particulares se sientan con derecho a actuar como lo hacen Son los periodistas y los medios quienes deben resguardar su prestigio evitando poner en riesgo su independencia.

En el caso de la autoridad, en cambio, facilitar el trabajo de los periodistas de manera – sin ninguna discriminación, desde luego- podría entenderse como parte de su responsabilidad social.

Abraham Santibáñez