Editorial:

Represión fuera de control

Santiago, 26 de Julio de 2015

De la abundancia de problemas que tiene nuestro país, incluyendo entre ellos la desafortunada conducción del Colegio de Profesores, lastimosamente carente de verdadero liderazgo, nada puede preocuparnos más que la muerte de un trabajador en El Salvador.

Paradojalmente, el luctuoso suceso ocurrió casi simultáneamente con el retorno a su casa del estudiante Rodrigo Avilés, gravemente herido por un chorro del carro lanza-agua de Carabineros el 21 de mayo pasado. En ese caso, la respuesta inicial de Carabineros siguió el mismo formato de los años de la dictadura: negar de plano toda responsabilidad. La existencia de videos que decían otra cosa obligó al mando de la policía a intentar una explicación mejor. Hasta ahora no se ha sabido del informe prometido. Está vigente, en cambio, la opinión del diputado Gustavo Hasbún (UDI) quien calificó lo ocurrido como “un hecho fortuito”. Es la misma explicación que se daba durante la dictadura ante casos parecidos. Y si alguien tuviera dudas, bastaría con recordar todo lo que se dijo hace 29 años cuando se supo del horroroso atetado contra Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas De Negri.

En materia de derechos humanos, hay lecciones que no se han aprendido. Subsiste, en cambio, la brutal insensibilidad que se ha hecho evidente una vez más en el caso de la muerte del trabajador contratista de Codelco, Nelson Quichillao López. La primera explicación de Carabineros fue que los manifestantes intentaron agredirlos con maquinaria pesada, a lo cual habrían tenido que responder con sus armas de servicio.

A nadie parece importar la justicia o no de la protesta.

Conviene recordar lo que dijo la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.

Según la multigremial, la movilización de los trabajadores subcontratadoss, “es la expresión más nítida de las condiciones de precariedad en que se desempeñan miles de trabajadores en este país, tanto en empresas privadas, como del estado en el caso de metro o Codelco. Es tiempo de asumir que Chile no solo tiene un grave problema de redistribución de riqueza entre ricos y pobres, sino también de diferencia entre los trabajadores, contando hoy con trabajadores de primera o segunda categoría según sean contratados por la empresa mandante o la contratista. Esto debe terminar”, señala el documento.

Y persiste, por cierto, lo que hasta ahora es impunidad.

Y el pacto del silencio, más propio de la mafia que de un organismo de Estado.

Frente a todo esto, resultan patéticos los esfuerzos del gobierno por mostrar firmeza ante el descontrol policial. Sólo falta que hagan suyas las desafortunadas expresiones del diputado Hasbún luego del incidente en que casi murió el estudiante Avilés:

Basta ya de estar criminalizando la labor y la función de los carabineros”, afirmó tajante el legislador.

Abraham Santibáñez