Editorial:

Cuidar los acuerdos

Santiago, 02 de Noviembre de 2014

Bajo el colchón de su catre, Fray Camilo Henríquez había escondido, ingenuamente, varios libros prohibidos. Los investigadores de la Inquisición, en Lima, encontraron, entre otros, el Contrato Social de Jean Jacques Rousseau. Por ellos, y otras acusaciones, fue detenido en varias oportunidades entre 1798 y 1809.

En vísperas de la Revolución Francesa, Rousseau había sistematizado algunas ideas incendiarias: “Puesto que ningún hombre tiene por naturaleza autoridad sobre su semejante, y puesto que la fuerza no constituye derecho alguno quedan sólo las convenciones como base de toda autoridad legítima sobre los hombres”.

Estas “convenciones” están en la base de todo ordenamiento democrático. Incluyen acuerdos sobre la estructura del Estado, la organización e independencia de los poderes. También insinuó Rousseau lo que le parecía un gran desafío: “Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes.

En las democracias modernas, un tipo de asociación fundamental es precisamente la de los partidos políticos. Así los define Maurice Duverger:

Un partido político es una entidad de interés público con el fin de promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional; los individuos que la conforman comparten intereses, visiones de la realidad, principios, valores, proyectos y objetivos comunes, para de una forma u otra alcanzar el control del gobierno o parte de él, para llevar a la práctica esos objetivos”.

Implícitos en esta definición están, por supuesto, varios conceptos: los partidos políticos tienen un papel fundamental, son organizaciones voluntarias y, sobre todo, requieren de disciplina.

La historia de la política en nuestro país muestra cómo la evolución de los partidos implica a veces que la falta de acuerdos puede obligar a la salida voluntaria o a la expulsión de militantes. Hay muchos ejemplos, pero lo normal y habitual es que en la mayoría de los casos impere la estabilidad. Esto puede ir más allá de cada colectividad y comprender acuerdos en conglomerados igualmente voluntarios.

Desde el Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia, firmado en agosto de 1985 por once partidos políticos bajo el auspicio de la Iglesia Católica, Chile ha transitado por caminos de estabilidad. El acuerdo abrió la puerta a la Concertación, la gran fuerza tras los gobiernos entre 1990 y 2010. Y fue la base de la Nueva Mayoría con la que triunfó Michelle Bachelet.

En el camino, sin embargo, se diluyó la consistencia de los acuerdos, lo que no es de extrañar: treinta años necesariamente ponen a prueba cualquier entendimiento. Lo notable es que la Concertación haya subsistido y llegara a proyectarse en la Nueva Mayoría.

La diferencia básica salta a la vista, sin embargo: la solidez inicial se ha ido perdiendo y por ello se multiplican los “toreos” entre partidos. Hasta ahora, sin embargo, es efectivo, como dijo la Presidenta en Madrid que “no hay crisis”.

Los partidos de la Nueva Mayoría, todos ellos, sin ninguna exclusión, han estado apoyando nuestro programa de Gobierno, pero no sólo en las ideas matrices, sino también en lo que han significado los avances que hemos tenido en el Parlamento tanto en la reforma tributaria como en reforma educacional y otras… Por lo tanto, más allá de cualquier conversación propia entre distintos partidos, que puedan tener distintas historias y distintas percepciones, eso es propio de una democracia vibrante y activa”.

A pesar de estas certezas, es evidente que la percepción imperante en muchos sectores es que no basta con demostraciones de puro voluntarismo. La política requiere, todo el tiempo de revisiones y aclaraciones.

Y también se requiere saber, como planteaba Rousseau, si sigue vigente el “contrato”.

Abraham Santibáñez