Editorial:

Duro momento para El Vaticano

Santiago, domingo 9 de Febrero de 2014

 

Conviene no equivocarse: el mensaje de amor de Jesús no excluye la indignación ante el abuso y los escándalos. Condena con fuerza la injusticia y las desigualdades. Le enfurecen los mercaderes en el templo. Y, sobre todo, descarga su ira contra quienes “escandalicen” a los niños.

Según el evangelista Lucas, Jesús reconoce que “es imposible que no vengan escándalos; pero ay de aquel por quien vienen. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y sea arrojado al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños”.

La exhortación es clarísima. Cada vez más, con renovada frecuencia, la jerarquía reitera el rechazo a los abusos de todo tipo, especialmente contra menores.

Pero ¿es ello suficiente?

Según un reciente informe del Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos del Niño, la Santa Sede está en deuda. Ha “incumplido” parte de sus compromisos concretos con la comunidad internacional: “Ha adoptado políticas y prácticas” que han permitido la continuación de abusos contra docenas de miles de niños en todo el mundo. El Comité se muestra “profundamente preocupado” porque “la Santa Sede no haya reconocido la importancia de los crímenes cometidos, no haya adoptado medidas necesarias para gestionar los casos de abusos sexuales contra menores y proteger a los niños y haya adoptado políticas y prácticas que han llevado a la continuación de los abusos y a la impunidad de los culpables”.

No es una intromisión indebida en asuntos internos de la Iglesia Católica. La Santa Sede ha adherido a las convenciones internacionales de protección a la infancia. Pero está al debe. Aunque el Comité que ahora emite un juicio tan duro reconoce que hay una dualidad entre el papel del Vaticano como estado y su condición de entidad religiosa, cree que es necesario intensificar las medidas y que debe llevar a la justicia civil los abusos denunciados.

La jerarquía eclesiástica, encabezada por el Papa Francisco, ha rechazado con fuerza a religiosos (sacerdotes, monjas y obispos) denunciados y condenados por tribunales religiosos o civiles. Este es un cambio radical y por eso el representante ante la ONU, el arzobispo Silvano Tomasi, se quejó de que no queda suficientemente claro que la principal responsabilidad está más allá del poder terrenal de la Santa Sede. Hizo notar que se han implementado medidas para que “esos crímenes atroces sean debidamente juzgados y castigados”.

La replica, sin embargo, es que lo que se está haciendo no es suficiente. Y que por largo tiempo ha imperado “un código de silencio”.

Puede ser exagerado, pero lo que es efectivo, y así se ha visto en Chile, es que por años fue extremadamente difícil que las denuncias se tomaran en serio. Lo prueba el emblemático caso de Fernando Karadima. Y, a nivel mundial, lo que ocurrió con Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo.

Ciertamente es doloroso para los creyentes que una agencia internacional critique tan duramente sus procedimientos. Pero es el resultado inevitable de años –muchos años- de silencio.

 

Abraham Santibáñez