Editorial:

Denuncia periodística con sólido respaldo

Santiago, 21 de Octubre de 2012

La semana anterior había sido históricamente mala para el gobierno. Pero la que vino después fue peor. La gravedad del alud de malas noticias (fundamentalmente las revelaciones de corrupción en las filas de la PDI) hizo que se olvidara la fuente de las denuncias: Ciper-Chile, el espacio electrónico que dirige la periodista Mónica González.

También se pasó por alto que la primera reacción de la autoridad fue negarlo todo. Después de lo cual, Ciper-Chile amplió la denuncia, dando a conocer correos electrónicos altamente comprometedores. En los mensajes de Alfredo Giacoman se mencionaban “amigos” vinculados a la licitación, de pago de comisiones de 8 por ciento; se hablaba de acceso a información reservada antes de que se conocieran las bases de licitación, y de abultamiento del precio final de los equipos, cuyo único oferente terminó siendo Tecnodata.

La siguiente –fugaz- línea de defensa consistió en recurrir a una táctica conocida: dos diputados de la UDI, Mónica Zalaquett y Gustavo Hasbún, acusaron a la Concertación de tener un “doble estándar”. Según ellos, los parlamentarios opositores pedían que se investigaran estos hechos y no los ocurridos en gobiernos anteriores. El diputado Hasbún señaló que la Concertación en sus años en el poder ocultó y actuó con complicidad cuando existían casos de corrupción.

Más tarde se bajó el tono. Se trata, sin duda, de un caso extremadamente grave y, a todas luces, es preferible bajar el nivel de un posible enfrentamiento.

Hay que sumar al escándalo, además, la comprobación de que no toda la droga incautada en el último tiempo y que debió ser quemada, lo ha sido efectivamente. Agréguese a ello la detención de funcionarios de la policía civil acusados de corrupción, también en referencia al narcotráfico, todo lo cual le fue quitando piso al gobierno.

De este modo, la denuncia inicial, tan desaprensivamente desestimada al comienzo, terminó por generar un remezón con caracteres de terremoto en el corazón mismo del régimen.

Sus efectos permanecerán por mucho tiempo.

Pero eso mismo hace que no se valore debidamente el detonante de toda esta historia: la investigación de Ciper.Chile.

El primer reportaje lo firmaron los periodistas Gustavo Villarrubia y Frank Belyeu. Se publicó el 2 de octubre. Al día siguiente, la Subsecretaría del Interior desmintió la denuncia, calificando el reportaje como “infundado”. Entonces, terció en forma demoledora la periodista Mónica González. Explicó al día siguiente:

Ampliamos los antecedentes entregando a nuestros lectores correos de los proveedores beneficiados por esa licitación. En esos mensajes se ratifica que los precios finales fueron abultados por situaciones que deberían investigarse. Algunos dan cuenta de eventuales irregularidades. Además, se entregan cálculos de otros proveedores que confirman que los costos anexos no agregan un monto significativo al precio final, como argumenta esa cartera”.

A partir de ese momento la suerte del caso quedó echada. Se desató una corrida de funcionarios del Ministerio del Interior (cuatro hasta el domingo), comenzando por el jefe de Estudios, el controvertido ex-fiscal Alejandro Peña.

Esta semana, sin embargo, el ritmo noticioso entró en una etapa más pausada, dando paso a la preocupación por los últimos días de la campaña municipal.

Pero es evidente que se volverá a hablar de los sobreprecios.

No así, probablemente, de Mónica González, la heroína periodística de esta historia.

Ella lo sabe.

En 2010, cuando le concedieron el Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano, señaló recibirlo con “una emoción enorme y una tremenda responsabilidad de merecerlo y no defraudar a nadie. Siento que estos premios no son para que descanses, sino para que sigas trabajando”.

Es lo que está haciendo, sin pausa ni desmayo, con el apoyo de un equipo periodístico de excelencia.

Abraham Santibáñez