Editorial:

Después de dos años...

Santiago, 26 de febrero de 2012

No se podría hablar de una “campaña del terror”, pero en los meses previos a la elección de Sebastián Piñera no faltaron los agoreros. Eran quienes temían un estallido social si ganaba la derecha.

Como los peores escenarios posibles, se mencionaban huelgas prolongadas, paros nacionales, acciones organizadas de parte de las organizaciones sindicales más poderosas.

Como siempre ocurre, la realidad ha superado largamente la ficción.

En dos años de gobierno del Presidente Piñera, los estallidos han sido mucho más transversales que nunca antes y las manifestaciones mucho más violentas. Uno de los elementos nuevos que no entraba en ningún cálculo han sido las “redes sociales” aglutinadores tecnológicos de fuerzas dispersas, desde los estudiantes hasta los descontentos de Punta Arenas, Aysén, Temuco, Talcahuano o Calama. Otra novedad, no imaginada, es la falta de manejo político del gobierno.

Durante la Concertación se cometieron errores en materia de orden público, a veces garrafales, pero nunca ocurrió que los negociadores fueran desautorizados en medio de su gestión, como en el ministro Bulnes mientras enfrentaba la crisis educacional. Tampoco se vio antes –en democracia- tanto descontrol de las fuerzas policiales. Nadie lo sabe con certeza, pero es evidente que el gasto en lacrimógenas debe estar a la altura de un record de Guinness.

Algunos pesimistas temían que la falta de experiencia podría generar problemas. La realidad –implacable- lo ha superado todo. Por una parte, el Jefe de Estado exageró durante meses su protagonismo, en desmedro del trabajo en equipo. Por otra, aparte de sus infortunados chistes y bromas, lo habitual ha sido privilegiar a las empresas antes que a las personas. El caso más dramático, sin duda, es el de la reconstrucción. Como un manual del perfecto “emprendedor”:(el término políticamente correcto para hablar de los empresarios) ya se recuperó gran parte de la infraestructura, caminos y puentes incluidos, pero no así las viviendas.

Es lógico que así sea: es más fácil celebrar millonarios contratos que preocuparse de casas cada una de las cuales cuesta unos pocos millones de pesos. Como consecuencia, por un tercer invierno, miles de familias seguirán en sus “aldeas”, eufemismo con que se quiso borrar la palabra “campamentos”. La más reciente iniciativa, la de los subsidios de arriendo, parece una buena idea, pero por cierto no toma en cuenta la sensibilidad de los damnificados. Generalmente ellos prefieren no abandonar sus casas, o lo que queda de ellas. Ha sido lo mismo que la terca decisión de expropiar los terrenos en el borde costero posibles de ser afectados por nuevos maremotos. Muchos pobladores (pescadores, sobre todo), con larga experiencia en la materia, proclaman su convicción de que deben tomarse medidas para mitigar los efectos, sin abandonar su habitat tradicional.

Aunque demasiado lentamente, gracias a que en democracia hay más posibilidades de expresarse, algunas de estas políticas se están revirtiendo. Durante la dictadura, en cambio, similares medidas, como llevar a los pobladores a la periferia, se tomaron sin consideración alguna.

Es una diferencia obvia pero importante.

Abraham Santibáñez