Un fallo que pone en riesgo la libertad de información

El siguiente es el comentario editorial del diario La Tercera al cual se alude en la renuncia de Abraham Santibáñez como presidente del Consejo de Ética de los medios.
EL CONSEJO de Ética de los Medios de Comunicación resolvió sancionar a revista Qué Pasa -publicación que pertenece a Copesa, consorcio periodístico del cual también forma parte La Tercera- por faltas a la ética periodística, al haber publicado escuchas telefónicas de uno de los imputados en el marco del denominado “caso Caval”, en las cuales se deslizan acusaciones hacia distintas personas, entre otras la Presidenta de la República, sin la suficiente verificación de hechos ni la debida contextualización. Es decir, conforme los inéditos criterios del Consejo, para que una información pueda ser publicada sin vulnerar estándares éticos, no bastaría que fuera auténtica, sino que además el medio debería cerciorarse de que su contenido es efectivo. Tal forma de entender el trabajo periodístico constituye una aberración por los nefastos precedentes que encierra para la libertad de información, y es incomprensible que una estocada de tal gravedad proviniera del organismo creado por la propia industria de medios de comunicación para iluminar el quehacer periodístico.

Al negativo precedente que sienta el Consejo con su fallo, debe sumarse también la querella que había interpuesto la propia Presidenta de la República en contra de cuatro periodistas de Qué Pasa -uno de ellos actualmente es el director de La Tercera-, por estimar que dicha publicación dañó severamente su honra. Esta acción penal, encabezada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, fue objeto de fuertes cuestionamientos -no solo por su evidente debilidad jurídica, sino también por constituir una abierta amenaza a la libertad de expresión-, pero finalmente fue retirada, justificándose en que el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación había resuelto que la revista incurrió en faltas éticas, lo que se consideró suficiente para dar por demostrado que la información publicada por Qué Pasa supuestamente carecía de los estándares adecuados.

Es lamentable que la Presidenta haya sido arrastrada hacia una aventura jurídica sin destino -incluso terminó siendo condenada por el tribunal al pago de las costas-, que no solo lesionó su prestigio personal, sino que afectó la imagen de Chile como país respetuoso de la libertad de expresión. Esta fallida experiencia, que al menos podría haber dejado lecciones para la defensa de la libertad de informar, ha venido a ser agravada por la nefasta participación del Consejo de Ética, que con su fallo ha intentado sentar un precedente potencialmente tan dañino para la libertad de prensa como la amenaza que supone una sanción penal.

Los débiles fundamentos sobre los cuales se sustenta el fallo, además de contradecir su propia doctrina en esta materia -un caso idéntico fue fallado en un sentido opuesto-, son atentatorios contra el derecho a la información, al pretender hacer exigibles estándares que exceden el marco razonable de verificación de datos por parte de un medio de comunicación. Según el Consejo, las escuchas publicadas por Qué Pasa constituyen una información de carácter “extrajudicial”, donde la veracidad de los contenidos no estaba establecida, faltando con ello a su obligación de verificar, confrontar con otras fuentes, dar espacio a los aludidos y cotejar datos. Se reprocha al medio no haber comprobado si lo que se había publicado tenía asidero en la realidad en virtud tanto de la confiabilidad del contenido de la información como de las fuentes que lo aportaron. Dichos fundamentos resultan sorprendentes; desde luego porque el Consejo pretende hacer un distingo artificial cuando alude a lo “extrajudicial”, dando ese carácter a las escuchas simplemente porque no fueron hechas ni ante un tribunal ni ante un fiscal. Pero lo cierto es que tales conversaciones constan en la carpeta del fiscal a cargo de la investigación; fueron autorizadas por un tribunal y realizadas por Carabineros. En consecuencia, son parte integral de una investigación judicial formal y en curso, respecto de un caso que tiene evidente interés público, y que por lo mismo justifica su publicación. Si se siguiera el razonamiento del Consejo, nada o muy poco sobre el financiamiento irregular de la política podría haberse publicado, pues no habría bastado que los medios se cercioraran de que los múltiples correos electrónicos que salieron a la luz pública dando cuenta de vínculos irregulares constaran en una investigación judicial, sino que además tendrían que haber comprobado la veracidad de sus contenidos.

El fallo hace ver también la falta ética que implicó publicar fragmentos en que se hacían acusaciones graves contra terceras personas. Para ello se basa en que el semanario corrigió la información, por estimar que había vulnerado sus propios estándares editoriales. Es particularmente delicado que el Consejo se valga del reconocimiento de un error para formular una sanción ética. Además de constituir un obvio desincentivo a que los medios corrijan -pues implicaría asumir culpabilidad-, en el caso de la figura presidencial parece concederle además una protección especial a su honra. Ello resulta contradictorio, porque a mayor exposición pública, es evidente que los umbrales de fiscalización deben ser mucho menos rígidos que los aplicados a un ciudadano común, y quien asume cargos públicos acepta implícitamente estas reglas inherentes a una democracia.

Además de las obvias contradicciones que subyacen en el razonamiento del fallo, saltan a la vista una serie de falencias sobre la institucionalidad del propio Consejo, que impiden dar garantías de imparcialidad y asegurar un debido proceso. Es desde luego extraño que dos de sus consejeros hayan expresado opiniones previas sobre el caso Qué Pasa, y aun así no hayan estimado pertinente su inhabilitación, pese a que la defensa así lo solicitó; asimismo, los criterios que tiene a la vista para calificar la ética no parecen estar bien sistematizados y, por lo mismo, pueden ser discrecionales. A la luz de todo lo anterior, es evidente que el Consejo ha fracasado en su misión, y sobre sus consejeros recae la misión de restablecer la credibilidad de esta instancia.

Domingo 6 de noviembre de2016