Capuchinos, una cárcel para la libertad de expresión

En estos tiempos se ha puesto de moda el anexo Capitán Yáber como lugar de reclusión. Hasta que se incendió, un viejo recinto conventual de Capuchinos recibía a detenidos “de cuello y corbata”, como se dice hasta hoy. No era un hotel de “cinco estrellas” como sostenían algunos. Pero ciertamente ofrecía mejores condiciones que el anexo situado en calle Pedro Montt.

Lo testimonia el siguiente comentario publicado en 1988 en el diario El País, de España.

En el mundo católico, un capuchino es un monje. Para los tomadores de café exprés, un café con un poco de leche. Para los habitantes de Santiago de Chile, en cambio, Capuchinos es el nombre de un recinto carcelario instalado en un antiguo convento, casi en el centro mismo de la ciudad.

Allí estuve la pasada semana durante 24 horas, detenido por orden de un juez militar. Mi delito: haber ofendido a las fuerzas armadas con publicaciones que se realizaron hace casi un año en la revista Hoy, bajo mi dirección. No fue una experiencia aplastante. En Capuchinos están principalmente aquellos detenidos por primera vez que están siendo procesados por delitos blancos, sin sangre ni violencia, generalmente por problemas de gimnasia bancaria fallida (malos negocios).También estuvieron allí ex ministros -de este régimen- y personalidades de la banca y de la empresa privada, atrapados por los engranajes de una política económica de libre mercado que derrumbó varios imperios.

Capuchinos, pese a la imagen popular de ser una especie de hotel de cinco estrellas en el sistema penitenciario chileno, es un lugar de apariencia espartana y donde el único lujo -si uno se lo quiere dar- es el de la comida y el ejercicio físico.

También el ambiente es agradable a pesar de las inevitables rejas, los candados, la presencia de personal de gendarmería y la obligación de formar dos veces al día para el conteo, el trato es deferente y es posible recibir visitas diariamente. Pero no hay posibilidades de consumir alcohol ni, pese a los besos desesperados y las caricias apasionadas a la hora de las visitas, hay posibilidades de disfrutar del sexo. Y sobre todo falta la libertad.

El breve plazo de 24 horas, durante las cuales un fiscal (juez de primera instancia) militar de Santiago consideró que un redactor de la revista (Alejandro Guillier), un entrevistado (Genaro Arriagada) y yo mismo éramos “un peligro para la sociedad”, resultó ser un plazo muy breve para comprender en profundidad las complejidades de la vida en Capuchinos.

Cuando recién empezábamos a acostumbrarnos a una vida definida con más exactitud como de “hotel de provincias”, el mismo juez militar nos concedió la libertad bajo fianza.

Esas 24 horas, en cambio, fueron suficientes para desatar una reacción nacional e internacional que era previsible, pero que nadie anticipó nunca que tendría la dimensión que tuvo. Es posible que la razón inicial para rechazar la libertad bajo fianza antes de pasar por la cárcel -un trámite habitual en estos casos-, es decir, la desproporcionada e inverosímil acusación de “sedición impropia”, lo que nos convertía en “un peligro”, haya incentivado las muestras de solidaridad.

La esencia de estas reacciones, aparte del apoyo personal que significó para nosotros, es que la verdadera amenaza es contra la libertad de expresión y la sociedad chilena, tal como lo expresó el Colegio de Periodistas: “Una vez más... por la vía de la justicia militar se está coartando la actividad periodística”.

Nuestra breve incursión por la cárcel fue fácil y ciertamente muy distinta de la gran mayoría de la población penal, los “delincuentes comunes”. También fue distinta de la suerte corrida por otros periodistas, como José Carrasco, al que un comando hasta ahora no identificado sacó de madrugada de su casa la noche siguiente al atentado frustrado contra el capitán general Augusto Pinochet, en septiembre de 1986, y fusiló junto al muro de un cementerio.

Mucho más han sufrido otros chilenos detenidos sin explicación y centenares de los cuales simplemente desaparecieron. Como ocurrió recientemente con cinco jóvenes, en aparente represalia por el secuestro de un oficial de Ejército. Los archivos de las organizaciones de derechos humanos en Chile y el extranjero están llenos de relatos que parecen extraídos de novelas de horror: torturas de todo tipo, algunas refinadas, otras puramente brutales, tanto psíquicas como físicas. Y generalmente, como el elemento más demoledor de todos, la incertidumbre...

Nosotros fuimos privilegiados. En el peor de los casos, nuestra detención podría durar uno o dos meses. Es lo que han durado otras, como la del sacerdote Renato Hevia, director de Mensaje, o de los directores de la revista Apsi, Marcelo Contreras y Sergio Marras.

En definitiva, sería difícil que yo proclamara ahora que he sido arrastrado “a las cárceles de la dictadura”. Casi no he sentido la privación de la libertad. Pero no por ello es menos grave lo ocurrido: estoy siendo procesado por lo que sólo puede ser definido como un delito de opinión: haber creído que ninguna institución está libre de ser criticada y sometida al juicio de la opinión pública. Y que ello incluye, desde luego, a las propias fuerzas armadas o al Gobierno. Es la esencia de la libertad de expresión la que ha sido puesta en juego. El Gobierno de Chile, pese a sus reiteradas declaraciones, ha mostrado una vez más, en los hechos, cuál es su verdadera posición.

Nota: mediante la “sedición impropia” se pretende justificar que alguien que es civil, pueda ser juzgado en un tribunal militar por un delito que solo pueden cometer los militares.

A. S.
1988
Publicado en el diario El País de España