Prohibido prohibir

Esta podría haber sido una historia como muchas otras. Un empresario metalúrgico es objeto de una demanda judicial por paternidad. Le paga a su abogado, Pedro Toledo Barrera, mil 200 millones de pesos (dos millones de dólares) para que logre el desistimiento de quien reclama la paternidad. Según el Ministerio Público, el abogado solamente entrega cien millones de pesos. El resto lo guarda en una caja de seguridad de un banco.

Al descubrir la trama, el empresario se querella por estafa. El caso queda en manos de Cecilia Pastén Pérez, jueza del séptimo Tribunal de Garantía de Santiago. Hasta ahí, todo es igual a cientos de situaciones que se tramitan ante la justicia.

Lo insólito ocurrió en la audiencia de formalización, el 26 de mayo. El defensor del abogado Toledo Barrera pidió que se prohíbiera “la divulgación del nombre, imagen y fotografía del imputado”.

¿Fundamento? Disposiciones constitucionales que protegen la privacidad de los imputados y la presunción de inocencia.

¿Resultado? La jueza Pastén prohibió que se divulgara la identidad del abogado Toledo y que se publicara su fotografía, “bajo apercibimiento de cometer delito de desacato”. Citó para ello el Código Procesal Penal. Solo permitió que se divulgara la noticia, pero sin identificar a Toledo por escrito ni por su imagen.

El caso continuó adelante. Pero tuvo una derivación inesperada: el Colegio de Periodistas, representado por su presidente en ese momento Luis Conejeros, con el presidente de la agrupación de periodistas de tribunales, Eric López, presentaron un recurso de protección. La semana pasada, en primera instancia, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que la decisión de la jueza era “ilegal” y dejó sin efecto las prohibiciones.

Hasta cierto punto no es una sorpresa. Desde que se promulgó el 2001 la Ley de Prensa, los periodistas entendemos que se terminó la facultad de los jueces de prohibir que se informe de ciertos casos. Esta disposición mantuvo en sombras algunos casos célebres, incluyendo el proceso por el asesinato del periodista José Carrasco. Al parecer, la jueza no lo sabía o lo olvidó.

Para refrescar su memoria, la Corte, en su fallo, entrega el que es, quizás, el más contundente compendio de las disposiciones sobre libertad de prensa en Chile. En nueve apretadas carillas de texto tamaño 10, se citan, en primer lugar, los argumentos de los “recurrentes”. Entre otras cosa, se recuerda que “a su juicio la actuación de la jueza al dictar una resolución que prohíbe la difusión o imagen de un imputado, configura un acto procesal arbitrario e ilegal, que priva y perturba el legítimo ejercicio de derechos y garantías que gozan de tutela constitucional..

Se agregan otros antecedentes y se analiza en detalle el recurso de protección. Pero, en definitiva, en lo que se refiere a la prohibición de dar el nombre del abogado Toledo o prohibir su fotografía, se determina que se trata de una decisión ilegal.

Entre los fundamentos, se reitera que “de acuerdo a lo razonado en los considerandos 12, 15 y 16, el derecho a la libertad de información sin censura previa, es base esencial para la existencia de un estado democrático y base fundamental para el ejercicio de todos los demás derechos y su restricción, sólo puede ser establecida por ley de quórum calificado, siendo en consecuencia contrario a la ley, su restricción sin fundamento legal expreso…

Al final, el caso se convirtió en una vigorosa reafirmación de la libertad de expresión, que los periodistas –y el público- no podemos dejar de valorar.

A. S.
30 de octubre de 2008