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Venezuela: Políticos y periodistas salen en defensa de periodistas

Políticos, diarios y asociaciones de editores del continente americano calificaron como un atentado contra la libertad de expresión las medidas cautelares aplicadas a 22 responsables de medios y periodistas venezolanos demandados por el presidente de la Asamblea Nacional de su país, Diosdado Cabello.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) fue la primera en condenar la prohibición de salida del país dictada por la jueza María Eugenia Núñez a los directivos, accionistas y periodistas de El Nacional, La Patilla y Tal Cual.

Posteriormente se sumó al rechazo, entre otros, el expresidente colombiano y exsecretario general de la OEA César Gaviria con una dura carta abierta en la que va más allá del tema de la demanda de Cabello. En su mensaje Gaviria señala que por haber estado al frente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se había abstenido hasta ahora de pronunciarse sobre la situación en Venezuela, pero cambió su postura porque “se está poniendo en grave peligro la libertad de prensa y expresión y el respeto por los derechos humanos”.

Las medidas cautelares adoptadas por Núñez responden a la demanda por difamación interpuesta en abril pasado por Cabello contra los medios que reprodujeron una información del diario español ABC en la que se decía que era investigado en EE.UU, por vinculaciones con el narcotráfico.

La información de ABC se apoyó en declaraciones de Leamsy Salazar, antiguo jefe del grupo de seguridad de Cabello, huido a EE.UU.

Para Gaviria, la orden de la jueza constituye “un grave atentado” contra la libertad de prensa y de expresión, “componente fundamental de la democracia y de la Carta Democrática Interamericana”.

Pero, además, la “detención de dirigentes de la oposición y atribuirles responsabilidades penales por las consecuencias de las propuestas y protestas estudiantiles en nada contribuye a encontrar salidas institucionales y democráticas”.

Otro expresidente, el boliviano Jorge Quiroga, afirmó que la prohibición de salida del país que pesa para los 22 periodistas es un “ataque abominable” contra la libertad de expresión.

Quiroga declaró a Efe que esa resolución judicial está en la línea de otras acciones tomadas en Venezuela como la no renovación de licencias para algunos medios, la compra de otros a través de intermediarios afines al Gobierno venezolano y la falta de provisión de papel para los diarios.

Quiroga agregó que el Gobierno de Nicolás Maduro sigue sin dar respuestas económicas a su población y “lo único que hace con algo de eficiencia es la represión y la intimidación” que se hace “sistemáticamente” contra la oposición y los medios.

En un editorial el diario costarricense La Nación, acusó a Maduro de querer mantener a la población venezolana en la ignorancia sobre “un tema ampliamente debatido en el mundo”.

La Nación, que considera que medidas cautelares de este tipo no se deben aplicar cuando se trata de faltas contra el honor, agrega que “los venezolanos tienen derecho a formarse una opinión, restar credibilidad a las declaraciones o exigir una investigación más profunda, pero nadie debe arrogarse el derecho de mantenerlos en la ignorancia o de reprimir la discusión”.

La Nación alega que los pocos medios independientes que subsisten en Venezuela están “bajo constante acoso” y concluye con la afirmación de que ese país caribeño es escenario de “la lucha del tigre suelto contra el burro amarrado”.

Los valientes periodistas venezolanos merecen reconocimiento por su disposición a librarla”, señala.

El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, declaró que la prohibición de salida del país “muestra, una vez más, cómo el sistema judicial venezolano es utilizado como un instrumento del poder político”.

En ese contexto, aseguró Mohme, “no se cumple con las garantías del debido proceso, que implican que el juez debería haber citado primero a los demandados en forma individual para evaluar si procede o no dictar medidas de arraigo en cada caso particular”.

Fuente: EFE


Venezolano premiado en España

El ex presidente del Gobierno español, Felipe González, recibió en Madrid el premio de periodismo Ortega y Gasset en nombre del periodista venezolano Teodoro Petkoff.

El periódico Tal Cual informó en su edición digital que el diario El País, organizador de estos premios, confirmó la decisión de González de representar a Petkoff, sobre quien existe una prohibición de salida de Venezuela por publicar en enero del 2014 un artículo de opinión en el que supuestamente se difamaba al presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Diosdado Cabello.

Petkoff fue uno de los premiados con el Ortega y Gasset dados a conocer el pasado 16 de abril en la capital española por un jurado que, por unanimidad, reconoció su “extraordinaria” trayectoria profesional y una evolución personal que lo llevó “desde sus inicios como guerrillero a convertirse en un símbolo de la resistencia democrática a través del diario que dirige”.

Los Premios Ortega y Gasset, creados en 1984 por el diario El País y que llevan el nombre del filósofo español, pretenden resaltar la defensa de las libertades, la independencia y el rigor como virtudes esenciales del periodismo y dar reconocimiento a aquellos trabajos que a lo largo de un año hayan destacado por su calidad.

Fuente: EFE


Periodistas bolivianos ratifican defensa de libertad de expresión

La nueva Directiva de la Asociación de la Prensa de Cochabamba , Bolivia (APCBA) asumió sus funciones con el compromiso de fortalecer la institución y la defensa de la libertad de pensamiento.

La presidenta de la Asociación, Elizabeth Paravicini, relievó que los valores éticos del periodismo se basan en el apego a la verdad y al bien común. Destacó que las sagradas libertades de prensa, de expresión, de información son derechos inalienables de todos los ciudadanos y, especialmente para los periodistas.

En la oportunidad, el presidente del Tribunal de Honor de la Asociación Nacional de la Prensa, Pedro Glasinovic, exhortó a la lucha por la libertad de expresión, pese a las leyes que pretenden censurar la labor informativa.

Aclaró que la libertad debe ser bien entendida, no para satisfacción personal sino más bien para llevar al público la información de los hechos con la verdad, verificando las fuentes de información, respetando la privacidad y los derechos de las personas, sin callar la verdad ni exagerar los hechos.

Glasinovic demandó unidad para la lucha contra los excesos del poder.

Fuente: Opinión.com.bo


Colegio de Periodistas expulsó a Agustín Edwards

Transcurrido el plazo reglamentario de 15 días sin que hubiera apelación, el Colegio de Periodistas informó que quedaba a firme la sentencia en primera instancia del Tribunal Metropolitano de Ética y Disciplina que sancionó al periodista Agustín Edwards con la expulsión de la orden.

Conforme un comunicado del Tribunal Metropolitano, Edwards fue hallado culpable de vulnerar disposiciones del Código de Ética Periodística.

El mismo documento dice que “el proceso contra Edwards comenzó el 15 de noviembre de 2014, a propósito de una denuncia presentada por el Consejo Nacional del Colegio de Periodistas de Chile, sustentada en los últimos documentos secretos desclasificados en EE.UU., en donde Edwards Eastman aparece como periodista y dueño de la empresa El Mercurio SAP, colaborando en operaciones de la CIA y obteniendo fondos de la Administración Nixon para sustentar una política editorial de desinformación y de ese modo contribuir a socavar la democracia, para facilitar el Golpe de Estado contra el Presidente Salvador Allende”.

Una segunda imputación contra el colegiado N°88 formulada en la denuncia está referida al "montaje periodístico" en que participó en su calidad de director del diario El Mercurio de Santiago, en complicidad con la CNI, presentando en portada de la edición del 09 de abril de 1987, a dos estudiantes de la Universidad de Santiago (USACH), con las fotografías de sus rostros en círculos, como los cabecillas de los graves desórdenes del Parque O´Higgins durante la visita del Papa Juan Pablo II, en circunstancias que ambos eran inocentes y habida cuenta que el periódico nunca aclaró la falsedad de la información”.

Durante el juicio ético fue revisada la situación de la libertad de prensa antes del Golpe de Estado de 1973 y la actuación del periodista Agustín Edwards Eastman en su condición de propietario y directivo de la empresa El Mercurio SAP, con relación al deber de defensa de la libertad de expresión y al deber de amparo de los periodistas citado en el Código de Ética vigente por ese entonces. Y para mejor resolver fueron entrevistados miembros de la Orden víctimas de la represión por parte de organismos del Estado, quienes coincidieron en sus testimonios reprobando el rol que tuvo el acusado