Para el registro

Cuba contra la prensa extranjera

El gobierno cubano ha negado la entrada al corresponsal de una agencia de noticias francesa asignado a La Habana, gesto que otros periodistas en la isla describen como un severo endurecimiento de los controles a la prensa extranjera bajo el gobierno de Raúl Castro.

A Juan Castro Olivera, un corresponsal argentino asignado anteriormente a la oficina de la France Presse (AFP) en Miami, se le negó la visa de periodista que se requiere para su asignación a la oficina de esa agencia en La Habana.

Las autoridades cubanas no explicaron las razones para denegar la visa”, indicó Francis Kohn, director de AFP para América Latina. “Hemos estado en contacto con las autoridades cubanas ... y hemos defendido nuestra elección de Juan Castro Olivera”.

Varios periodistas cubanos y extranjeros en La Habana que trabajan para medios de comunicación internacionales se han quejado de los crecientes intentos del gobierno por controlar su trabajo.

El diario El País, de España, informó durante el fin de semana que a su corresponsal en La Habana durante los últimos 20 años, Mauricio Vicent, le había sido negada la renovación de su acreditación por el Centro de Prensa Internacional (CPI), del Ministerio de Relaciones Exteriores.


Ecuador: Fracasa acuerdo entre Correa y periodistas demandados

Un intento de conciliación entre el presidente Rafael Correa y dos periodistas a quienes el gobernante demandó por señalamientos supuestamente falsos en su contra fracasó el viernes pasado, según reportó la prensa oficial.

El periódico oficial El Ciudadano, informó que "la defensa del primer mandatario ratificó que dada la mala fe y la ofensa a la honra contenida en el libro, es imposible llegar a una conciliación".

Añadió que el proceso iniciado por Correa busca "defender su honra y buen nombre, ante calumnias como las de los autores del libro El Gran Hermano, quienes aseguraron sin pruebas que el primer mandatario conocía de los contratos que firmó Fabricio Correa con el estado".

La audiencia de conciliación se cumplió en el juzgado quinto de lo civil de Pichincha, donde desde fines de febrero se desarrolla el proceso judicial en el que Correa pide 5 millones de dólares a cada uno de los dos periodistas como indemnización por el daño moral que le han causado.


Convocan a marcha nacional para aclarar asesinatos de periodistas mexicanos

(News Hidalgo).- Consciente de que la defensa de la Libertad de Expresión es esencial para el sostenimiento y fortalecimiento de un estado democrático y que los periodistas son pieza fundamental para el ejercicio de este derecho humano inherente a todos los ciudadanos, la Fundalex, se adhiere y convoca a todos los periodistas y sociedad en general a unirse a la Marcha Nacional para exigir el esclarecimiento del doble feminicidio en contra de Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga y el asesinato de otros 82 periodistas desde el año 2000.

La Fundación para la Libertad de Expresión reitera, además, su llamado a las autoridades para realizar una investigación pericial experta, profunda, pronta y expedita, en la cual sean agotadas todas las líneas de investigación vinculadas con el trabajo periodístico de las dos reporteras y se evite divulgar información con escaso sustento pericial.

Como lo dimos a conocer en el comunicado enviado el pasado 1 de septiembre, para la Fundalex es importante esclarecer que no existan grupos o personas que, aprovechando la vorágine producida por la incidencia del narcotráfico en la violencia cotidiana que vivimos, utilicen el asesinato con las características de estos feminicidios, como una forma para saldar sus motivaciones particulares si en su caso lo fuera, asegurándose impunidad.

La Fundalex siempre ha pugnado porque las familias de los periodistas asesinados o desaparecidos sean protegidas por el Estado Mexicano. Por este motivo, reiteramos la exigencia para que los gobiernos federal y estatales (en este caso la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal) se hagan cargo de la vivienda, alimentación, educación, vestido y, sobre todo, tratamiento psicológico de los hijos de las y los periodistas victimados.