Cuestión de prestigio.

 

No son días fáciles para los españoles. Menos para la monarquía cuyo gran mérito fue permitir la transición del franquismo a la democracia sin graves problemas. Ahora, en cambio, la mayoría de los españoles quiere la renuncia del Rey Juan Carlos I. Peor, sin embargo, es que un juez haya decidido llamar al estrado a la infanta Cristina, por su eventual implicación en los negocios oscuros de su marido.

Como recordó el diario El País, “los miembros de la familia del Rey carecen de fuero y, por tanto, si el auto de la convocatoria a declarar adquiere firmeza, doña Cristina deberá presentarse en el juzgado de Palma como una ciudadana más”.

Después, claro, puede pasar cualquier cosa.

Entretanto, han surgido otros problemas. En vísperas de cumplirse el centenario del Canal de Panamá, una empresa española amenazó con paralizar las vitales obras de ampliación. Según Ana Pastor, ministra que viajó de emergencia, la amenaza no debe afectar la marca “España” ni la ingeniería española, situada en las "más altas cotas del mundo". No se refirió al duro golpe que ello significaría para Panamá que ha manejado con gran eficiencia el canal y que requiere ampliarlo antes que aparezca un competidor.

Por una curiosa casualidad, al mismo tiempo que los panameños se enfrentaban a la firma Sacyr, en nuestro país otra empresa española, Azvi, era puesta en el banquillo por el bochorno del puente Cau Cau en Valdivia.

Las autoridades chilenas no escatimaron críticas: “la gran responsable es la empresa, que tiene prestigio, que acreditó experiencia y que no debe cometer errores de esta naturaleza".

La inversión en Cau Cau es de unos 30 millones de dólares. Una nadería si se compara con el costo de la ampliación del Canal de Panamá por el cual Sacyr (en conjunto con la firma italiana Impreglio, la holandesa Jan de Nul y la panameña CUSA) pidió 3.118 millones de dólares. Adicionalmente, Sacyr reclama ahora un suplemento de 1.625 millones de dólares. Es decir más de la mitad del presupuesto original, alegando el surgimiento de obstáculos inesperados en las obras.

En Chile, el problema se habría originado en un error de etiquetado de las partes del puente, construido en España y armado en Chile por una empresa española. O sea: alguien no sabe escribir, o no sabe leer o no es capaz de seguir instrucciones por escrito.

Pese a la certeza oficial del gobierno español de que su “prestigio (tecnológico) no está en peligro”, lo cierto es que ya hay un daño real.

El alcalde Valdivia, Omar Sabat, hizo ver su frustración: la obra (el puente) es "muy esperada por los valdivianos".

El diario español La Razón, estima que hay motivos de sobra para la preocupación oficial: “Sólo en 2013, (diversas) compañías ganaron concursos en el exterior por valor de 30.000 millones de euros… Si estas compañías tienen un prestigio no es por casualidad, como lo demuestra el hecho de que participan en las obras más importantes del mundo”.

Por ahora, la mirada crítica no abandona a Valdivia ni a Panamá… y tampoco a la propia Casa Real española.

 

A. S.
Enero de 2014
Publicado en los diarios El Día de La Serena, El Centro de Talca, El Sur de Concepción y La Prensa Austral de Punta Arenas