Conflictos comunicacionales

Convencido de que el periodismo responsable supone que “se difunda sólo aquella información que se encuentre fundamentada y respaldada con antecedentes mínimamente comprobables y verificables”, el precandidato Manuel José Ossandón pidió al Colegio de Periodistas que analice la conducta ética de la comunicadora Pilar Molina.

Su reacción se originó en un programa de debate en el cual la periodista Molina lo acusó de había solicitado facturas ideológicamente falsas por diez millones de pesos.

Previamente, el Tribunal metropolitano de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas afirmó que, en caso de hacerse la denuncia, investigaría si la profesional se había ajustado o no “a los marcos éticos que regulan la profesión”.

El precandidato reconoce que podría tropezar con un obstáculo: si Pilar Molina no está registrada en el Colegio de Periodistas, queda fuera de su alcance. Las normas éticas solo son exigibles para los colegiados. Desde hace años la orden profesional -igual que otros colegios- ha pedido que la obligatoriedad incluya a todos, colegiados o no. No ha tenido resultados, pese a que en la reforma constitucional de 2005 se incorporó la potestad ética de los colegios profesionales y se establece que “los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales especiales establecidos en la ley”. Hasta ahora, dicha ley no existe.

No es esta la única debilidad. El peligro, creemos periodistas, comunicadores y propietarios de medios, es que la autoridad intente imponer, mediante una ley, sus propias normas. Ello se ha considerado desde siempre como un peligro para un valor fundamental: la libertad de expresión. El principio es que la autorregulación, en la medida que conlleva responsabilidad, garantiza ambos principios.

En su carta a Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas, Manuel José Ossandón pide -de todos modos- “un pronunciamiento ético sobre la forma de actuar” de la periodista. Su acusación es que ella entregó una información que habría resultado falsa, negando inicialmente dar a conocer su fuente de información.

Desde un ángulo estrictamente político, Ossandón reiteró ante la prensa su convicción de que se trata de una maniobra del equipo de Sebastián Piñera: “Con esto vamos a demostrar que se trató de una de las operaciones más sucias que se han hecho”.

Esta disputa, propia del ambiente previo a cualquier confrontación electoral, no es el único desafío del periodismo. La candidatura de Alejandro Guillier incluyó en sus propuestas programáticas, una relativa a temas referidos al Derecho a la Comunicación, Libertad de Expresión, Ley de Medios y Nueva Constitución.

En todos los países del mundo existen leyes de medios que regulan la concentración de la propiedad y es un tema que en Chile con el liberalismo exacerbado que nos caracterizó en décadas pasadas, nunca se hizo. Pero la verdad es que es necesario hacer una acotación al respecto, por los mismos conflictos de interés que todos tenemos conocimiento”, dijo entonces el aspirante a La Moneda.

Como ocurrió en otras materias, en este caso se le ha bajado el perfil al enunciado inicial. Es evidente, sin embargo, que hay quienes están detrás de su candidatura y sueñan con leyes de comunicación como las de Venezuela, Ecuador y la Argentina de Cristina Kirchner.

A. S.
Junio de 2017
Publicado en los diarios El Día de La Serena, El Centro de Talca, El Sur de Concepción y La Prensa Austral de Punta Arenas