Estado de Derecho y degradación del rango militar

Columnista invitado: Jaime Arancibia Torres.

Ahora es posible reinstalar como sociedad las dos iniciativas parlamentarias que permiten modificar el Código de Justicia Militar para imponer las penas de degradación del rango militar y términos de beneficios sociales y previsionales a los uniformados que están o sean condenados por delitos de lesa humanidad .En la actualidad significaría afectar a los militares (r) condenados por la atrocidades en los crímenes que se cometieron durante la dictadura cívico-militar del general Pinochet (1973 - 1990), que siguen percibiendo una serie de privilegios.

El primer proyecto fue presentado en julio del 2010 por diputados de la Concertación y otro en octubre del 2013 por la entonces diputada Isabel Allende (PS). Una tercera iniciativa presentada el 2008 por los entonces diputados socialistas Juan Pablo Letelier y Jaime Naranjo fue archivada en 2012, en todos ellos no se logró el acuerdo por la oposición de la derecha.

En Chile hay 3.200 chilenos muertos por agentes del Estado y de ellos 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, entre los oficiales condenados se encuentra el ex general Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el temible aparato represor de la dictadura, condenado a más de 300 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, quien mantiene derechos a privilegios militares, lo cual ha llevado al actual ministro de Defensa a plantear la posibilidad de analizar el tema para impulsar la iniciativa de la degradación militar.

Por eso se hace propicio demandar y sostener el compromiso de introducir cambios al código de Justicia militar y leyes que vayan en dirección de reforzar el estado de derecho del país, aspecto central en una sociedad donde los actos humanos son legales cuando se ajustan a la ley y las instituciones son legítimas cuando sus raíces están en la confianza, el consenso colectivo y en consecuencia se hace necesario que existan castigos claros.

El Estado de Derecho infortunadamente no ha sido capaz aún de corregir, es el desafío, es el reto, es el déficit, lo contrario es continuar con la vigencia de leyes del antiguo régimen que no han sido instrumentos que garanticen la igualdad, los derechos de los ciudadanos y la libertad, sino que, por el contrario, fueron mecanismos para la preservación de privilegios en un marco de la seguridad nacional.

Se tiene que buscar y promover la preeminencia de aquellos valores éticos y principios ciudadanos que deben ser acatados por todos sus miembros en el marco de un verdadero Estado de Derecho; el derecho a la vida bajo cualquier circunstancia, la aplicación de la justicia en derecho como responsabilidad indelegable del Estado, constituyen una pedagogía de valores con plena vigencia en el hogar, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el sitio de trabajo, y por supuesto en la formación de las FF.AA. y de seguridad.

Qué duda cabe, que los cambios culturales son de largo tránsito, pero es necesario hoy señalar el cambio de rumbo en el modelo en un escenario de paz y de convivencia ciudadana, es el momento de erigir un Estado Social de Derecho como concepto de organización garantista y será en ese escenario si se quiere iluso, hipotético, quijotesco o utópico, cuando como pueblo chileno multicultural hayamos encontrado un sociedad fraternal.

En mi opinión, con el riesgo que no se comparta, pero si valida de señalar “los militares en servicio activo o que se encuentren en retiro que intervengan o hayan intervenido en la violación del Estado de Derecho o hayan sido condenados y o participado en crímenes de lesa humanidad debieran ser sometidos de acuerdo a un nuevo Código Militar, a la degradación de su rango militar en frente de la tropa retirando sus condecoraciones y galones así como dar término a todos sus beneficios sociales y previsionales. Alejando así las posibles intervenciones de los poderes facticos, económicos y políticos”.

Publicado en el diario El Libertador (Rancagua).