DOCUMENTO

Autoritarismo en Venezuela.

Por José Miguel Vivanco
Human Rights Watch

 

En los últimos 10 días, a raíz de manifestaciones de estudiantes y opositores, el gobierno venezolano ha adoptado abiertamente las tácticas propias de los regímenes autoritarios, encarcelando a opositores, censurando medios de comunicación e intimidando a la sociedad civil.

Desde el 12 de febrero, los abusos de las fuerzas de seguridad y la aquiescencia del Estado ante los grupos armados civiles que apoyan al gobierno provocaron incidentes en todo el país, que dejaron un saldo de al menos cuatro muertos y decenas de heridos, así como más de un centenar de detenidos en Caracas. Existen denuncias creíbles de que buena parte de los detenidos sufrieron abusos y vejaciones por parte de las fuerzas de seguridad, y de quienes han recuperado su libertad fueron liberados condicionalmente con la prohibición de participar en nuevas manifestaciones. A su vez, si bien hubo hechos vandálicos y algunos manifestantes arrojaron piedras o botellas a los uniformados, no hay evidencia seria de que los manifestantes hayan tenido o utilizado armas de fuego.

En América Latina no es inusual que existan manifestaciones masivas y que algunas veces terminen con violencia, como ha ocurrido en Chile o recientemente en Brasil. Lo excepcional del caso venezolano es que el gobierno de Nicolás Maduro recurrió, además de la represión, a la censura para limitar el acceso a la información sobre lo que está ocurriendo. El presidente mandó a cerrar un canal de noticias internacional que transmitía por cable (NTN24), anunció que expulsaría a CNN y ordenó a su ministra de Información que investigue la “manipulación” que hizo Agence France Press de las noticias (la ministra se lo tomó en serio, dijo que los medios privados estaban cometiendo un delito y que tomarían acciones legales en su contra). El gobierno también ordenó a todos los canales de televisión y a las estaciones de radio que transmitieran por horas -en cadena- discursos del presidente, eligiendo reiteradamente momentos en los cuales estaban ocurriendo hechos graves en el país.

A pesar de la censura, los periodistas y defensores de derechos humanos, quienes han sufrido detenciones, intimidaciones y agresiones en los últimos días, han seguido haciendo su trabajo. Y, a pesar de las denuncias de que el gobierno venezolano bloqueó el acceso a fotografías en Twitter a través del proveedor de cable oficial, las redes sociales se han transformado en una fuente de información clave para la opinión pública.

¿Y quién es el responsable de todo esto? Para el Presidente Maduro, la responsabilidad recae en Leopoldo López, el líder de oposición acusado de ser el “autor intelectual” de la violencia; en los Estados Unidos; y en el “fascismo” que busca provocar un “golpe de Estado”. Estas teorías conspirativas le sirven a Maduro para confundir y desinformar a sectores de la población y de la comunidad internacional.

Para entender cómo Venezuela ha llegado a donde está hoy, es preciso recordar datos clave de la historia reciente del país. En efecto, la grave situación actual deriva de un proceso de años de deterioro de los controles democráticos, que le ha permitido al gobierno inventar reglas a su medida para lograr una casi absoluta concentración de poder y gozar de plena discrecionalidad para intimidar, censurar y perseguir judicialmente a venezolanos críticos del gobierno.

Muchos venezolanos siguen ejerciendo su derecho a la opinión crítica. Sin embargo, la posibilidad de sufrir represalias a través de acciones estatales arbitrarias o abusivas, ha obligado a periodistas y defensores de derechos humanos en los últimos años a medir las consecuencias de difundir información y opiniones críticas del gobierno. El Poder Judicial venezolano, por su parte, fue intervenido en 2004 y el Tribunal Supremo de Justicia ha abdicado de su papel de frenar los abusos de poder y proteger el ejercicio de las libertades públicas, convirtiéndose en un ente dedicado a convalidar el proyecto político Bolivariano.

Una jueza que se atrevió a ordenar la libertad condicional de un opositor del gobierno que se encontraba en prisión preventiva por más tiempo del permitido por ley, terminó en prisión. La jueza María Lourdes Afiuni, que estaba cumpliendo con una recomendación de Naciones Unidas, fue acusada de corrupción, a pesar de que los propios fiscales admitieron que no había ningún rastro de que se hubiera dejado sobornar. Afiuni estuvo un año en una cárcel de mujeres, dos en arresto domiciliario y permanece sujeta a una investigación penal por un delito que no cometió. El mensaje del caso Afiuni es escalofriante: en Venezuela, un juez que resuelve conforme a derecho y contradice intereses del gobierno puede terminar preso.

En el caso de Leopoldo López, el gobierno hasta ahora no ha presentado ninguna prueba seria que acredite que habría cometido un delito y aun así lo ha acusado de “formar parte de un grupo de delincuencia organizada”. Sin embargo, el gobierno sabe que no hace falta cumplir con esas “formalidades”, porque todo juez en Venezuela tiene muy presente el caso Afiuni. El delito de asociación ilícita tiene una pena de hasta 10 años de reclusión.

La reacción internacional ante este panorama tan desolador ha sido lamentable. Por un lado, están aquellos que, como Irán, Siria, Cuba, Argentina, Bolivia y Ecuador, expresaron un respaldo incondicional al gobierno de Maduro. Por otro, están los gobiernos que -salvo contadas excepciones como Chile y Colombia-, se han mantenido en silencio. Lo anterior se explica por el creciente abandono de los compromisos colectivos por la defensa de derechos humanos en una región altamente fragmentada, dando paso a la primacía de un pragmatismo donde cada cual vela por lo propio. Es muy peligroso que se mantenga esta actitud, porque el mensaje que recibe un gobierno como el de Maduro, que reivindica constantemente su soberanía nacional, es que cuenta con un cheque en blanco..

Publicado en La Tercera.
23 de febrero de 2014