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El Estado y los medios de comunicación

Editorial de La Tercera. Domingo 26 de Enero de 2014

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y la Subsecretaría de Prevención del Delito publicaron recientemente en este medio una columna de opinión para abrir un debate público sobre el rol de los medios de comunicación a la hora de informar los delitos contra las personas. En el texto se indica que el inadecuado tratamiento que algunos canales han dado a víctimas de la delincuencia justifica crear “herramientas, lineamientos y orientaciones de carácter ético” al momento de informar estos hechos, para lo cual se están elaborando “documentos prácticos” que permitan guiar la labor periodística frente a este tipo de noticias.

Dos ejemplos de reciente ocurrencia en sendos programas de TV vendrían a ilustrar, según el CNTV y la subsecretaría, lo que identifican como la “espectacularización” informativa: en un caso, se trata de un noticiero que vulneró la dignidad de un menor de edad supuestamente abusado, y en otro, un noticiero que expuso indebidamente a un padre al momento de recibir la noticia del fallecimiento de su hijo. Convendría recordar que los dos casos mencionados fueron objeto de sanciones por parte del propio consejo, lo que es una muestra de que existe una legislación adecuada que entrega lineamientos y permite duras sanciones en caso de infracciones o quebrantamientos a la legislación.

La existencia de esta legislación y su respectiva institucionalidad hacen innecesario e inconveniente introducir orientaciones o criterios adicionales por parte del Estado, pues ello implicaría entrar a regular aspectos específicos que podrían llevar a la censura o la inhibición informativa. Es riesgoso que sea el propio Consejo Nacional de Televisión el que busque introducir estos criterios o pautas informativas, pues se trata de un organismo que ya posee importantes facultades discrecionales -las que incluso serán fortalecidas con la nueva ley de TV digital, al velar por el “pluralismo”-, y, en cualquier caso, el establecimiento de nuevas exigencias a los contenidos televisivos debería ser fruto de una discusión legislativa, y no un mero acto administrativo.

La legislación existente establece un marco legal que se respeta y que no ha sido impedimento para que las personas ejerzan sus derechos cuando se han sentido injustamente aludidas o reclaman frente a contenidos que consideran inconvenientes. Los medios de comunicación han ido más allá de lo que exige la legislación, al imponerse voluntariamente una serie de controles éticos. Es el caso, por ejemplo, del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, organismo que es parte de la Federación de Medios de Comunicación Social, institucionalidad que apunta a fortalecer la autorregulación y cuyos dictámenes han entregado una serie de valiosas orientaciones. Numerosos medios del país han buscado reforzar sus propias pautas éticas creando códigos propios o pautas de orientación. En el caso de este diario, cuenta con un Manual de Estándares Editoriales y un Representante del Lector que acoge los reclamos o sugerencias de los lectores.

La autorregulación de los medios y la valoración que la propia ciudadanía hace de éstos han probado ser un camino eficiente para incentivar un tratamiento justo y equilibrado de la información. Las intervenciones del Estado para regular contenidos constituyen un evidente riesgo, pues fácilmente se confunden con los intereses específicos de un gobierno. Los ejemplos de las negativas consecuencias para la libertad de expresión de este tipo de prácticas abundan en la región.