Tarea pendiente.

En medio de las protestas por la construcción de Hidroaysén, en 2011, una estudiante de la Usach fue detenida y llevada a la Comisaría de Puente Alto con otras personas. Allí fue “separada de los hombres y llevada a un baño para que se desnudara frente a una policía”. La estudiante reclamó que era un trato vejatorio. La policía la amenazó con golpearla. Ella se resistió, interviniendo una segunda carabinera, quien también sacó la luma, amenazándola con que si no se desnudaba “le sacarían la chucha”.

La estudiante se desnudó, debió hacer flexiones de brazos y abdominales por 15 minutos desnuda”. Luego fue trasladada “en la parte delante del furgón policial sentada entre dos policías. Uno de ellos le dijo en el trayecto que una persona podría perderse o desaparecer fácilmente, mientras le tocaba la pierna”. Por intervención del chofer del furgón se puso fin a la situación, pero “no hubo una constatación completa de sus lesiones, ni tampoco se le leyeron sus derechos”.

El 11 de julio se interpuso una querella en su nombre.

Esta es una breve cita del informe 2012 que entregó esta semana el Centro de Derechos Humanos de la U. Diego Portales. Es su décima versión anual y, en más de 300 páginas, hace un crítico análisis de la materia.

Son diez capítulos que van des una mención inicial a las “violaciones de derechos humanos del pasado” a la actual realidad de la Justicia Militar. Entre ambos capítulos se revisan situaciones como la diversidad sexual, los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, y aparecen algunos temas nuevos como los refugiados en Chile y la contaminación en la zona industrial de Quintero-Puchuncaví.

Lo más llamativo, sin embargo, resultó ser la sección dedicada a la violencia policial. Según Alberto Códdou, editor del informe, “las movilizaciones ciudadanas de 2010 y 2011 se vieron acompañadas de la utilización irracional y desproporcionada de la fuerza estatal, lo que exige, además de un detallado análisis de su posible causa, la necesidad de concientizar a las autoridades sobre sus responsabilidades políticas en la materia”.

No hay constancia, hasta ahora, de reacciones positivas. Pero el actual ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, sacó la voz. Al ser condecorado por Carabineros por su labor como secretario del Interior (cargo del cual, obviamente depende el cuerpo policial), dijo que le indigna ver “chilenos que les brindan un mal trato, cuando ustedes están cumpliendo sus funciones para protegerlos… Hay algunos que se creen y se sienten con el derecho de agredirlos, de escupirlos, de apedrearlos, y me rebelé y me voy a rebelar siempre que sienta que un ciudadano o una ciudadana crea que en nuestro país se puede salir a las calles a agredir a nuestros carabineros”.

No mencionó explícitamente el informe de la UDP, pero su reacción se produjo sintomáticamente menos de 24 horas después que se diera a conocer.

. La “toma de conciencia” tendrá que esperar. Igual que la explicación que espera la estudiante de la Usach.

A. S.
16 de noviembre de 2012.
Publicado en los diarios El Día de La Serena, El Centro de Talca, El Sur de Concepción y La Prensa Austral de Punta Arenas